Jesús Rodríguez Caballero, abogado del supuesto dueño legítimo del predio donde se ubica la Capilla doña Mónica Rodríguez, aseguró que la familia de Cecilia Lamar Garza Dávila, quien cedió parte del terreno al municipio de San Pedro Garza García para restaurar el histórico inmueble, busca despojarlos con una argucia legaloide.
En entrevista con FGTelevisión Monterrey, el litigante indicó que Cecilia Lamar, quien se hace pasar como propietaria sin serlo, se adjudica el predio de su padre Lázaro Garza González, -incluido en un testamento-, que a su vez se lo compra al abuelo de ella.
"Garza González se lo compra a Lázaro Garza Benavides y él hace una argucia legaloide que le llaman acreditación de medidas y colindancias incluida en una carta ante un notario público que no cuenta con escritura protocolizada.
"Cómo es posible que inscribieron eso y posteriormente cuando lo inscriben el registrador le pone rectificación de medidas, y como ellos (la familia de Cecilia Lamar) son vecinos del predio colindante con la familia Siller, ahora se quieren extender y esa es la forma que quieren despojarnos con esa argucia legaloide", dijo el abogado.
Rodríguez Caballero indicó que el trazo donde está la capilla forma parte de una superficie mayor de 750 metros cuadrados, sumando los cajones de estacionamiento, de los cuales 600 metros aproximadamente son los que ofrecen al municipio sampetrino a cambio de que le mejoren los lineamientos urbanísticos.
"En pocas palabras les aumentan la densidad habitacional, que le permitan poner más vivienda o departamentos en un predio que no es de ella (Cecilia Lamar)", dijo.
El pasado 23 de marzo, en contra de los regidores del PAN y de los vecinos del casco histórico, el Cabildo dio su aval para intercambiar los lineamientos urbanísticos por un donativo de un millón de pesos para restaurar le Capilla doña Mónica Rodríguez y 20 cajones de estacionamiento perpetuo.
Ayer miércoles, el propietario legítimo del predio donde se ubica la capilla pidió al alcalde Miguel Treviño y al Cabildo revocar el "trueque", considerado como ilegal, pactado entre el municipio y el particular que se dijo dueño para intercambiar los lineamientos urbanísticos por un donativo de un millón de pesos y 20 cajones de estacionamiento perpetuo para restaurar la capilla.
