Un reporte confidencial elaborado en 2011 por el área de inteligencia de la Procuraduría de Justicia de Coahuila revela que a principios de ese año corría el rumor de que Mario Alfonso Cuéllar —conocido también como Poncho Cuéllar— un importante miembro de Los Zetas que operaba en el norte del estado; había desertado de la banda y huido a Estados Unidos con una fuerte suma de dinero perteneciente a Miguel Ángel y Omar Treviño, los hermanos líderes de la organización delictiva que durante varios años asoló la región de los Cinco Manantiales y otros sitios del país.
En ese primer escueto informe estatal no se mencionaba nada sobre el papel de la DEA ni de otras autoridades extranjeras ni nacionales. Nada. El resto del complejo y trágico entramado se sabría con el paso del tiempo.
Aquella mañana del 21 de marzo de 2011 se emitieron nuevos reportes que avisaban que la noche anterior un grupo de personas armadas habían irrumpido en múltiples viviendas ubicadas en el municipio de Allende, Coahuila, para secuestrar a varias personas llevándoselas con rumbo desconocido.
También se reportaba que los domicilios de las personas y familias secuestradas eran saqueados y dañados, dejándolos abandonados y a merced de los pobladores, por lo que la Procuraduría ordenó que un grupo especial de la policía acudiera al lugar de manera encubierta para iniciar una investigación al respecto.
Los agentes encargados de la investigación reportaron días después que habían algunas casas con signos de violencia y que sus habitantes no se encontraban, logrando recabar información en el sentido de que la noche anterior habían sido “levantados” por los zetas.
De acuerdo con este documento, los hechos fueron informados en ese momento a la comandancia de la sexta zona militar de la secretaría de la Defensa Nacional y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Incluso, se detalla que el miércoles 22 de marzo de 2011, durante la reunión periódica de coordinación en materia de seguridad, celebrada en las oficinas de la comandancia del ejército en Coahuila, se tocó el tema de lo que estaba sucediendo en Allende: “señalándose a los ahí presentes, que la información de inteligencia revelaba que las personas cuya privación de la libertad se había suscitado, estaban relacionadas por vínculos familiares o de trabajo con Poncho Cuéllar y con una persona de apellido Garza, quienes habían huido a Estados Unidos con una fuerte suma de dinero de los Zetas, y que colaboraban dando información a la DEA”.
En esta junta, las autoridades estatales volvieron a solicitar el apoyo del Ejército para reforzar la vigilancia en la zona, pues en esos momentos, gran parte de la fuerza policial del estado se concentraba en la región de La Laguna en labores de apoyo, debido a que el alcalde de Torreón se había quedado sin policía.
Además, dieron a conocer que Poncho Cuéllar era en Piedras Negras el segundo al mando en la organización de los Zetas, subordinado directamente a Omar Treviño Morales.
También reportaron que otros dos integrantes de nombre Héctor Moreno Villanueva y Luis Garza Gaytán, quienes eran encargados de trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, también habían desaparecido con 8 millones de dólares, “provenientes de las operaciones de trasiego de drogas por lo que directamente Miguel Ángel Treviño Morales (el Z 40) ordenó su búsqueda y localización, así como la desaparición de todos los familiares o personas que tuvieran relación con los antes mencionados, no solo en Allende, sino también en los municipios aledaños, entre ellos Piedras Negras”.
Finalmente, ante los primeros hallazgos de las investigaciones estatales el 1 de junio de 2011, las autoridades de Coahuila hicieron un desglose de la Averiguación Previa, para remitirlo a Siedo toda vez que se configuraban los delitos de Secuestro y Robo, “remitiéndose las constancias a las autoridades de la PGR, pertenecientes a Seido, con objeto de que dicha dependencia contara con información muy sustanciosa sobre la organización de los Zetas y ejercitara sus atribuciones de investigar y perseguir los delitos de Delincuencia organizada”.
Además de los hermanos Treviño Morales, en el desglose se señalaban como participantes en los hechos investigados a otros miembros de los Zetas.
Pero la Siedo no reportó ningún avance en la investigación ni ejercitó acción penal.
En el documento también se menciona que “después de una insistente labor de convencimiento, se logró recibir la denuncia que, por el delito de secuestro, presentó una persona que dijo ser hermano de una de las víctimas del secuestro a quien sustrajeron de su domicilio junto con su esposo de apellido Garza”.
Se trataba de Héctor Pérez Iruegas, la primera persona que presentó una denuncia penal por los trágicos hechos sucedidos en Allende.
Meses después de iniciar la averiguación previa número APP/CEIYCS/012/2011, Pérez Iruegas también sería secuestrado y desaparecido hasta el día de hoy.
Así fue como se registró en documentos oficiales el inicio de la masacre de Allende, Coahuila, una de las atrocidades que marcaron al noreste de México durante la llamada “guerra del narco” iniciada por el gobierno de Felipe Calderón.
El lugar donde se arrastran las serpientes/ capítulo 1 / Segunda temporada
CONTINUARÁ…
