Vandalismo en Palacio de Gobierno de Michoacán tras asesinato del alcalde

Felipe Guerrero

3 de noviembre de 2025

Vandalismo en Palacio de Gobierno de Michoacán tras asesinato del alcalde de Uruapan

*La indignación ciudadana estalla en Morelia luego de que manifestantes tomaran por la fuerza el edificio y exigieran justicia tras el homicidio de Carlos Manzo.

Morelia, Michoacán. – Una manifestación en demanda de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, derivó en actos de vandalismo contra el edificio del Gobierno de Michoacán.

El domingo 2 de noviembre de 2025, cientos de personas salieron a las calles de Morelia bajo consignas como “¡Justicia por Carlos Manzo!”, “¡Fuera Bedolla!” –en alusión al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla– y “Uruapan no estás solo”. Tras marchar por la avenida Francisco I. Madero y otros puntos del primer cuadro de la ciudad, un grupo logró forzar la puerta del Palacio de Gobierno, ingresar al edificio y causar daños en varias oficinas: rompieron vidrios, lanzaron muebles al exterior e incluso realizaron quemas menores.

Fuentes indican que la seguridad del recinto era limitada al momento de la irrupción, lo que permitió a los manifestantes acceder al espacio con relativa facilidad. Las fuerzas antimotines llegaron después de varios minutos de tensión para controlar la situación.

Desde su cargo, Carlos Manzo —quien fungía como presidente municipal de Uruapan desde septiembre de 2024— había denunciado amenazas y solicitado apoyo ante la escalada de violencia en su municipio. El hecho de que su protección, reforzada por el gobierno federal, resultara insuficiente, ha alimentado la furia pública.

El asesinato del alcalde ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público relacionado con las festividades del Día de Muertos en Uruapan. La indignación social se manifiesta no sólo en el reclamo de castigo inmediato, sino en una exigencia de que las instituciones garanticen seguridad real, visiblemente fallida.

Las autoridades estatales han condenado el ataque tanto al edil como el vandalismo al edificio gubernamental y se comprometieron a investigar ambos hechos. Sin embargo, para muchos ciudadanos la respuesta llega tarde.

Este episodio se inserta en un marco mayor de crisis de seguridad y legitimidad en el estado de Michoacán, donde la violencia contra funcionarios públicos y ciudadanos se ha intensificado. La irrupción al corazón simbólico del poder estatal —el Palacio de Gobierno— simboliza que la rabia ciudadana ha dejado de ser sólo demanda y se convierte en acto. La pregunta latente es si ese estallido será parte de un proceso de contención serio o sólo una señal más de que la credibilidad del poder se está erosionando.

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Locales

EL ROCHISMO ARRECIA GOLPETEO CONTRA IMELDA CASTRO

Editorial: Por redacción En política pocas veces las coincidencias son solamente coincidencias. Cuando una aspirante aparece al frente de las mediciones, casi por lógica también se convierte en el principal blanco de quienes pretenden impedir su llegada. Eso parece estar ocurriendo con Imelda Castro. En apenas unos días se acumularon dos hechos que, vistos de manera aislada, podrían parecer asuntos distintos. Pero observados en conjunto dibujan un escenario que merece una reflexión. Primero aparecieron llamadas telefónicas realizadas a miles de sinaloenses en las que se preguntaba por el nivel de conocimiento de la senadora con licencia. La reacción fue inmediata. Sus adversarios internos, el rochismo le atribuyó la estrategia y la acusaron de promoción indebida. Sin embargo, la propia Imelda Castro salió públicamente a deslindarse. Negó que ella o su equipo estuvieran detrás de esas llamadas y aseguró desconocer quién las estaba realizando. Una pregunta a la mano sería: ¿a quién beneficia una operación de ese tipo? Porque si la propia aspirante termina obligada a desmentir una estrategia que además genera críticas entre la ciudadanía, el efecto político no parece favorecerla, sino colocarla bajo sospecha. Casi al mismo tiempo llegó el segundo episodio. El Tribunal Electoral de Sinaloa confirmó la resolución del IEES que consideró existente una infracción por promoción personalizada y dejó firme el procedimiento que ahora será remitido al Senado. Más allá del contenido jurídico de la resolución, el contexto político vuelve a cobrar importancia. Para los seguidores de Imelda Castro no pasa inadvertido que el Tribunal Electoral, del que es Magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del senador Enrique Inzunza, uno de los personajes más cercanos al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, tome decisiones en contra de la senadora. Es precisamente ese grupo y no otro el que, según sostienen sus simpatizantes, busca impedir que la senadora se convierta en la próxima coordinadora de la Cuarta Transformación en Sinaloa. No se trata de afirmar que exista una conspiración. Tampoco de descalificar automáticamente una resolución judicial por el parentesco de quien preside el órgano. Pero en política las percepciones pesan tanto como los hechos. Por eso cuando una institución encargada de impartir justicia electoral aparece vinculada, por relaciones familiares o políticas, con uno de los grupos enfrentados en una disputa interna, la imparcialidad entra en automático bajo sospecha pública. Morena atraviesa una etapa en la que ya no enfrenta únicamente a la oposición. Las mayores tensiones parecen estar ocurriendo dentro del propio movimiento. La batalla por la candidatura al gobierno de Sinaloa apenas comienza y cada decisión institucional, cada encuesta, cada resolución y cada operación política será observada con lupa, no por la autoridad electoral, sino por quienes desde fuera la controlan. Para Imelda Castro el adversario nunca ha estado enfrente, sino dentro de la misma casa, aunque con poder institucional. Un adversario que utiliza los tribunales y las medios a modo para influir en la percepción ciudadana y para impedir que, quien realmente encabeza las encuestas, gane la candidatura.

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