El anuncio que hizo el reciente jueves el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, de que se reabrirán las investigaciones de la muerte, hace 13 años, de una viejecita zongoliqueña, atenta contra el cacareado “estado de derecho” y pone en entredicho, por igual, el desempeño de autoridades calderonistas… y lopezobradoristas.
Basado en prejuicios y superchería, el funcionario pretende, admitió, “alcanzar con los familiares de la víctima una solución amistosa”.
¿No la prevalencia de la justicia?
La novedad entraña una descalificación frontal de lo sostenido seis días antes por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard y la Fiscalía Veracruzana: el viernes 4, el titular de Derechos Humanos y Democracia de la cancillería, Cristopher Ballinas Valdés, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó del caso que se habían agotado “todas las diligencias y, con el apoyo de investigaciones de la CNDH, se corrigieron los peritajes…”. A su vez, con la representación del MP veracruzano, Hernán Cortés Hernández informó: “El Estado mexicano ha dado atención al presente asunto y, si bien es cierto que en un primer momento hubo algunas irregularidades dentro de la investigación, las mismas fueron subsanadas para así esclarecer los hechos del presente caso, sin que existieran afectaciones en los derechos humanos de la señora Ernestina Rosario y de sus familiares”.
Aunque por el desaseo de su equipo de confianza Encinas fechó esa muerte en 2017, tales fueron las conclusiones a que llegaron las autoridades federales y estatales en 2007 y fueron ratificadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Ernestina Asencio falleció de anemia y graves complicaciones gastrointestinales, no de una fantasiosa violación tumultuaria cometida, supuestamente, por soldados del Ejército. Y para justificar su dicho, recordó con sorna que el entonces presidente, Felipe Calderón, aseguró que la mujer había fallecido de gastritis, lo cual, dijo, es “inaceptable para el gobierno de México”.
Sin empacho, aseguró que la posición expresada por Ballinas y Cortés “no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos…”, por lo que “hemos decidido que el informe sobre estos hechos, que se presentará el 3 de enero, establecerá que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias…”.
O sea: la Fiscalía que se presume “autónoma” del estado que malgobierna el cacique morenista Cuitláhuac García, obedecerá las órdenes presidenciales para insistir, a costa del honor y credibilidad del Ejército, en la patraña de la “violación”.
A la dudosa gerontosexofilia de los depredadores militares añádase un dato recordado por Encinas: aunque la anciana (73 años) dizque había sido penetrada vaginal y analmente, inclusive “con un objeto punzocortante”, de lo que se quejaba en su agonía era de tener dolores… ¡“de cadera”!
¿Pus tons qué…?
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