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Salvador Cienfuegos Zepeda obstruyó la investigación sobre el caso Ayotzinapa cuando se opuso a que personal militar fuera interrogado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), con el argumento de que ningún extranjero tenía facultad para investigar al Ejército.
No imaginó entonces el ahora ex secretario de la Defensa que un día él mismo iba a terminar siendo investigado por autoridades extranjeras.
La paradoja cobra sentido porque fue él quien, con su negativa, hizo que aquella investigación se descarrilara. Si no hubiese sido por su obstrucción, la tarea del GIEI habría continuado hasta desentrañar la verdad de la tragedia de Ayotzinapa.
El argumento de Cienfuegos en ese momento fue que el Ejército y cada uno de sus integrantes eran un monolito indivisible. Se trata del mismo razonamiento que algunos se atreven a defender ahora que Cienfuegos fue detenido por órdenes del gran jurado de Nueva York.
Sus abogados en la opinión pública aseguran que enjuiciar a este general es sinónimo de hacerlo con el conjunto de las fuerzas armadas.
Sin embargo, a diferencia de la edad media —cuando era imposible distinguir entre las personas y el estamento al que pertenecían— en nuestra era la individualización de la justicia permite apartar a las manzanas podridas sin demérito del árbol.
Por tal razón, fue siempre sospechoso que Cienfuegos invirtiera todo su poder en mantener opacidad sobre el papel que algunos de los militares jugaron en la desaparición de los normalistas.
Con las acusaciones recientes, el episodio de Iguala cobra importancia ya que, de acuerdo con el fiscal de Nueva York, Ricard Donoghue, Cienfuegos habría estado ligado al sindicato criminal que heredó los territorios de la otrora organización de Sinaloa.
Ese sindicato tenía vínculos con Guerreros Unidos, célula señalada como la principal responsable en la tragedia de los normalistas.
De acuerdo con la denuncia presentada por el fiscal de Nueva York, entre otros actos delictivos Cienfuegos habría conspirado para ocultar y disfrazar actividades ilegales. El general presuntamente recibió sobornos a cambio de proteger al cártel H-2, derivación de la extinta empresa de los hermanos Beltrán Leyva. También es acusado de ayudar a la expansión del dominio territorial de sus socios y promover operaciones para combatir a los rivales.
Como evidencia de sus argumentos, el fiscal Donoghue presentó ante el gran jurado de Nueva York “miles de comunicaciones” interceptadas en la red Black Berry.
De acuerdo con la autoridad estadunidense, en ese caudal probatorio se hallan mensajes directos entre el general y los líderes criminales. Ahí también se hace presunta referencia a una relación histórica con empresas criminales previas: acaso Beltrán Leyva y la Federación de Sinaloa.
El dato preciso de que estas comunicaciones se hubiesen realizado a través de la red Black Berry no debe pasar desapercibido. Cabe recordar la investigación realizada en 2014 por el fiscal de Illinois, Zachary T. Fardon, contra Pablo Vega Cuevas y otros líderes de Guerreros Unidos, quienes desde Chicago habrían ordenado el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Esa investigación se basó igualmente en un robusto cúmulo de mensajes, vía Black Berry, entre Vega y sus contrapartes que operaban en la región de Iguala.
Fue siempre extraño que el legajo completo de transcripciones de tales comunicaciones no hubiese sido compartido con las autoridades mexicanas. Ahora cabe suponer que esa negativa se debió a que, a partir de dichas intercepciones, se obtuvieron nombres de altos funcionarios del Estado mexicano involucrados en actividades criminales.
No sorprendería por tanto que, entre las pruebas mencionadas dentro de la denuncia presentada contra el general Cienfuegos Zapeda, terminen exhibiéndose aquellas transcripciones y aparezcan ahí los nombres que entonces se ocultaron.
El fiscal Donoghue no parece ser un funcionario que dé pasos en falso. Se trata del mismo sujeto responsable de presentar las pruebas que condenaron a Joaquín Guzmán Loera. También es quien se encuentra detrás de la acción penal sobre Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
Sin embargo, en la historia criminal del narcotráfico mexicano estas dos historias serían anécdotas menores si prospera el juicio del general Cienfuegos. No tienen la misma dimensión Guzmán Loera o García Luna, en comparación con el ex secretario de la Defensa.
Una cosa es que un particular se haya dedicado a la actividad criminal y otra muy distinta que la cabeza de las fuerzas armadas haya utilizado su investidura para manipular al Ejército mexicano en función de los intereses de una o varias bandas criminales.
El fiscal Donoghue afirma que Cienfuegos se asoció con organizaciones dedicadas a la violencia, la tortura y el control criminal del territorio mexicano. No obstante, el hecho implicaría algo mucho más trascendente: el general Cienfuegos habría involucrado al Ejército mexicano en actividades delictivas que estarían detrás de la violencia, la tortura y el control criminal que tanto daño han hecho al país durante casi 15 años.
¿En que habría basado el general la convicción a propósito de su impunidad? La fiscalía de Nueva York lo dice claramente: “Cienfuegos tendría presuntos nexos con un sindicato criminal cuyo poder e intereses son suficientemente fuertes y poderosos como para intentar su fuga” o bien —cabe añadir— su silencio definitivo.
@ricardomraphael
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