La actuación del Tribunal Electoral es punto menos que escandalosa: autoriza, en una flagrante violación a los preceptos constitucionales que establecen la laicidad del Estado mexicano, la legalización de un partido político en el que han participado abiertamente pastores del culto evangélico, privilegia el empoderamiento de líderes sindicales de muy dudosos modos (ahora que tanto se celebran los encarcelamientos, sobre todo los que afectan a quienes trabajaron en las pasadas Administraciones, recordemos que Elba Esther Gordillo estuvo en prisión y que su fortuna personal no corresponde en manera alguna a su llana condición de representante del gremio magisterial) y, lo que no tendría demasiada importancia en un sistema democrático obligado por su propia naturaleza a reconocer todas las corrientes y todas las ideologías, valida la llegada al escenario público de una agrupación de desfachatado corte derechista siendo que el presidente de la República –justamente ante quien parecen doblegarse lacayunamente los magistrados del mentado Tribunal al dictar sus resoluciones— denuncia, un día sí y el otro también, el pernicioso imperio de los conservadores en este país.
Por lo visto, la antigua lideresa del SNTE es menos perniciosa para la nación mexicana que Felipe Calderón y su mujer. Puede entonces tener su propio partido político sin mayores trámites (o, por lo menos, sin que le exijan el cumplimiento de requisitos que, llegado el momento, se puedan utilizar para cerrarle el paso al registro formal de su muy personalísima maquinaria de poder).
Tampoco parece muy grave—justo en estos momentos de galopante juarismo, de ardorosa consagración de la figura del gran liberal mexicano y de obligatorias referencias históricas— que esos evangélicos recién aparecidos en nuestros territorios (¿de dónde vienen, oigan, dónde estaban y por qué figuran siquiera en el paisaje si aquí somos masivamente católicos apostólicos romanos, por cortesía de Colón el invasor y de los sanguinarios opresores hispanos que desembarcaron luego?) comiencen a participar abiertamente en los asuntos públicos y que puedan, al final, determinar qué políticas de gobierno se vayan a implementar y qué dirección tomarán las acciones de la Administración.
No, no tuvo importancia alguna el impacto que pudiere tener en nuestra vida pública la formalización de esos nuevos partidos decretada por los señores jueces: su preocupación primera era no autorizar la creación de México Libre pretextando cuestiones de forma que, al mismo tiempo, esquivaron selectiva y mañosamente en el caso de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México.
Estamos avisados de cuáles puedan ser las futuras sentencias de estos jueces. Y lo peor no es su sometimiento: es el deprecio, de ellos, a la ley.
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