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Ha dicho 35 veces en sus mañaneras —y otras tantas en varias partes— que “nada ni nadie está por encima de la ley”. Eso aplica cuando de perseguir a sus adversarios se trata, aunque todo termine en atropellos y extorsiones. Sus píos colaboradores están a salvo.
Cuando busca justificar sus actos de gobierno, el enunciado es otro: “Por encima de la ley está el pueblo”.
Esos dos postulados contradictorios le sirven para jugar retóricamente en cualquier circunstancia y hacer lo que le viene en gana. Va libre y por la libre.
Él se cree la encarnación virtuosa de la ley y el pueblo; de hecho él es el Poder Legislativo porque ahí la mayoría es reptante; es el Poder Judicial gracias a que la mayoría de los ministros son innovadores, creativos, garantistas, expansivos, maximizadores, teleológicos, compadecidos y visionarios; y es el Poder Ejecutivo exultante y provocador, incapaz y despilfarrador, y anclado en hablar de la corrupción del pasado para no mencionar la del presente.
Digámoslo con claridad: en México no hay división de poderes porque los tres están concentrados en un autócrata no ilustrado, lo que convierte al país en un botín para sinvergüenzas y salvajes alineados con su “redentor”.
Pues, mire usted, en este entorno nacional se dio una noticia halagüeña: el gobierno y grandes empresarios del país acordaron hacer, conjuntamente, una inversión en infraestructura cercana a 300 mil millones de pesos para detonar el crecimiento económico. El que calificaba a esos empresarios como mafiosos saqueadores del patrimonio nacional hoy los honra amorosamente por considerarlos valiosos mexicanos que generan riqueza y empleos para beneficio del país, y el mismo que les dio confianza reiterándoles que “nada ni nadie está por encima de la ley”, en su mañanera del día siguiente reiteró una vez más que: “por encima de la ley está el pueblo”.
Esa esquizofrenia gubernamental hace más estrecha y peligrosa la ruta para los empresarios nacionales y extranjeros, sobre todo medianos y pequeños, pues sus inversiones enfrentarán una encrucijada impuesta por el gobierno: LA INSEGURIDAD JURÍDICA TOTAL anunciada desde Palacio por ese despotismo no ilustrado.
Así, nadie está a salvo de los excesos gubernamentales, es imposible la concordia nacional, aumentarán la fuga de capitales, la pobreza y la violencia; y las decisiones presupuestales contra la ciencia y la tecnología incrementarán la fuga de talentos.
Eso sí, ya quitaron de Paseo de la Reforma la estatua de Colón, que “para restaurarla”, mientras el gobierno federal sigue y seguirá distrayendo a la población para evadir sus responsabilidades por el desastre que ha causado y sigue causando en todos los aspectos de la vida nacional; y el mundo pronto escuchará asombrado un patriótico alarido: ¡Colón al paredón!
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