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Los senadores morenistas Nestora Salgado y Ricardo Monreal presentaron una iniciativa de Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno, con el fin de proteger a las personas desplazadas como consecuencia de la violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, ataques armados o enfrentamientos entre grupos delincuenciales.
De acuerdo con la propuesta, en México existen 310 mil 527 personas desplazadas, entre niñas, niños, mujeres, ancianos e indígenas, quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad.
Tan solo en 2018 la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró un total de 25 episodios de desplazamiento forzado interno masivo que afectaron a 11 mil 491 personas y ocurrieron en cinco estados, veinte municipios y 52 localidades.
Guerrero registró ese año cinco mil 56 personas desplazadas, lo que corresponde aproximadamente a 44 por ciento de la población que enfrenta esta problemática.
En segundo lugar se ubicó Chiapas, con cinco mil 35 desplazados, que representa 43.82 por ciento, mientras Sinaloa ocupó el tercer lugar con 860 víctimas, es decir, 7.48 por ciento del total.
El Estado mexicano reconoció oficialmente la presencia del fenómeno en su territorio, pero todavía no se han implementado leyes, programas o políticas públicas para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas, ni para prevenir nuevos desplazamientos.
“Actualmente nuestro país carece de un diagnóstico oficial sobre la situación de las personas internamente desplazadas”, puntualizaron los legisladores morenistas.
La iniciativa considera por ello los derechos y medidas de prevención, protección y asistencia en todas las fases que comprenden el ciclo del desplazamiento, así como la creación de un registro único de víctimas y la conformación de un Sistema Nacional para la Prevención y Atención Integral.
Establece además los derechos de las personas a una investigación pronta y exhaustiva que permita la identificación y enjuiciamiento de las personas responsables de los hechos que generaron el desplazamiento forzado interno, así como a no ser privados arbitrariamente de sus propiedades y posesiones y a que las autoridades realicen las acciones necesarias para protegerlas.
jlmr
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